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DIAS ONLINE

martes, 13 de diciembre de 2011

Denuncian que la remoción de escorias de Metal Huasi se planificó estratégicamente




Austin, Texas. Dos semanas antes de la visita a Argentina del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, autoridades gubernamentales en la marginalizada ciudad de Abra Pampa, Provincia de Jujuy, comenzaron un apresurado proceso de remoción de desechos de metales tóxicos abandonados en dicha ciudad desde hace más de dos décadas.

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas ha venido documentado el desarrollo de un plan de remediación ambiental en esta comunidad mayormente indígena, y hoy hizo público un segundo informe sobre la situación en Abra Pampa titulado: El plomo sigue en la sangre: Un informe de seguimiento sobre la crisis sanitaria y ambiental en Abra Pampa, Argentina.

El informe está disponible en: http://www.utexas.edu/law/clinics/humanrights/.

En 2006, un estudio médico encontró que de los niños y niñas sometidos a análisis de sangre, un 81% estaban envenenados por plomo después de que una fundición dejó 60,000 toneladas de desechos tóxicos en la ciudad cuando cerró en 1990. A finales del 2008, el gobierno provincial removió los desechos tóxicos ubicados en el predio de la ex-fundición Metal Huasi sin seguir estándares internacionales para la protección de los residentes. Miles de toneladas de desechos tóxicos permanecieron en otros dos sitios de la ciudad.

El día 17 de noviembre, 2011, el Intendente de Abra Pampa anunció que tareas de remoción de residuos comenzarían en el Barrio 12 de Octubre, donde quedaban los desechos tóxicos más visibles. Al día siguiente, los residentes se despertaron con el ruido de maquinaria pesada siendo utilizada para la remoción de las escorias. La Clínica sostiene que en estos esfuerzos más recientes el gobierno cae nuevamente en el mismo patrón de indiferencia hacia la salud y los derechos humanos de los residentes que documentó en su informe.

La Clínica sostiene que no se tomaron las precauciones suficientes para proteger a los residentes de la exposición adicional al plomo, ya que los trabajos se realizaron por varias horas sin remojar el área para evitar la dispersión de humos blancos por la ciudad. En el primer día de trabajo, niños y niñas jugaban en el sitio, ya que no se cercó el lote y los carteles de precaución fueron recién colocados al día siguiente. Los trabajadores tampoco tomaron las precauciones necesarias para su propia salud ya que no utilizaban ningún equipo de protección.

El director de la Clínica de Derechos Humanos, el argentino Ariel Dulitzky, está convencido de que la remoción de las escorias del Barrio 12 de Octubre estaba planificada estratégicamente para coincidir con la visita del Relator Especial de la ONU, James Anaya, a Abra Pampa el día 4 de diciembre.

“El gobierno quiere remover el símbolo más visible de cómo su negligencia ha impactado a Abra Pampa,” dijo Dulitzky, “pero aun así Argentina es responsable por las consecuencias negativas a la salud de la población debido a su política minera.”

El informe de la Clínica documenta que desde el año 1986 estudios han demostrado que los niños y niñas de Abra Pampa tienen niveles de plomo en la sangre peligrosamente altos. Desde el primer estudio médico hace 25 años, el gobierno nunca ha implementado un programa de salud integral para el tratamiento del envenenamiento por plomo y sus efectos nocivos.

Reynaldo José Sajama, un residente de la municipalidad de Abra Pampa y presidente del Consejo Departamental de Comunidades Kolla explica que “el problema termina para el gobierno cuando se retira [las escorias].” Agrega, “¿Qué hacen [los gobernantes] con las casas ubicadas a un metro de la contaminación? ¿Qué hacen con el agua contaminada?”

Para los residentes, éstas y muchas otras preguntas quedan sin respuesta dado que por años el gobierno de Argentina ha negado el acceso a la información. Poca información está disponible públicamente ya que pedidos de información hechos por residentes, diputados provinciales, y la Clínica han sido ignorados consistentemente.

Desde 2009, la Clínica ha enviado 20 pedidos de información a distintas entidades del gobierno nacional y provincial así como al Banco Interamericano de Desarrollo sin recibir ningún documento en respuesta por vías formales. Durante una visita al país, la Secretaría de Derechos Humanos proveyó algunos documentos a miembros de la Clínica. Dulitzky manifiesta serias preocupaciones por el manejo “secreto” del tema por autoridades gubernamentales y sugiere que “la política del gobierno pareciera ser un manto de silencio sobre la situación en Abra Pampa.”

Más de $10 millones de dólares (USD) de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado en el 2007 para el desarrollo de prácticas mineras sustentables está destinado para la remediación en Abra Pampa y otras dos comunidades degradados por actividad minera. La firma peruana, CESEL Ingenieros, fue contratada en 2010 como consultora para la evaluación de la contaminación en la ciudad y el desarrollo de un plan de remediación ambiental. Los resultados de la evaluación de CESEL y sus propuestas no están disponibles al público. En particular, los términos de referencia para la remediación que la consultora iba a establecer tampoco están públicamente disponibles, dificultando la evaluación de la remoción actual de las escorias.

El BID aparentemente ha estado ausente de cualquier rol de supervisión durante los esfuerzos recientes de saneamiento, así como estaba durante la remoción anterior de las escorias en 2008. Estándares internacionales requeridos por el BID estipulan la consulta previa a residentes, la facilitación de la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones, una licitación pública e internacional para la firma que ejecutará la remediación, y la toma de medidas de precaución durante la remediación. Los procesos iniciados por el gobierno a mediados de noviembre del presente año no siguieron estos estándares.

En su informe, la Clínica enfatiza que la remediación en Abra Pampa es un “proyecto piloto” de acuerdo a los términos del préstamo del BID que servirá como guía para el desarrollo de futuros planes de remediación.

“Actualmente hay por lo menos 70 minas abandonados y 572 proyectos activos de minería en el país. De modo que la manera en que el proceso de remediación sea concebido e implementado en Abra Pampa tendrá implicaciones para todo el resto de las comunidades afectadas por la contaminación minera,” concluyó Dulitzky.

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas está compuesta de un grupo interdisciplinario de estudiantes de derecho y de pos-grado, trabajando bajo la dirección del Director, Ariel Dulitzky. Los estudiantes aprenden sobre los derechos humanos a través del estudio, discusión, y reflexión crítica mientras exploran diferentes modelos para la promoción y protección ética, responsable, y efectiva de los derechos humanos. Trabajando desde la perspectiva de un defensor, los estudiantes participan en varios proyectos y colaboran con organizaciones de derechos humanos por todo el mundo para apoyar los derechos humanos en foros domésticos e internacionales. El trabajo de la Clínica incluye investigar y documentar violaciones a los derechos humanos, desarrollar y participar en iniciativas de incidencia ante las Naciones Unidas y entidades de derechos humanos nacionales y regionales, y trabajar en campañas globales y locales para promover los derechos humanos.

adulitzky@law.utexas.edu, 512 232 1256

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