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DIAS ONLINE

miércoles, 24 de junio de 2009

Colombia- Panamá: Uribe y Martinelli acuerdan combatir a la guerrilla en la frontera


El presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, y el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, acordaron hoy combatir a la guerrilla en la zona de frontera e incrementar su cooperación para fortalecer la interconexión eléctrica entre los dos países.

Martinelli le expresó a Uribe su disposición para trabajar coordinadamente contra el narcotráfico y el terrorismo.

"Tenemos un problema común en la frontera y tenemos toda la disposición para una mejor coordinación en el combate al narcotráfico", señaló el presidente electo de Panamá.

Además agregó que espera tener una mayor cooperación con las autoridades de inmigración de Colombia "para saber quiénes son las personas que transitan entre los dos países y evitar que se cuelen personas indeseables".

Martinelli, que tomará posesión de su cargo el próximo 1 de julio, le dijo al jefe de Estado colombiano que su Gobierno quiere "hacer algo en común en la frontera para erradicar el problema de la guerrilla".

En respuesta, Uribe indicó que "de parte de Colombia tendrá toda la colaboración y cooperación para que no se cuele esa gente".

Durante el encuentro, que se realizó durante tres horas en la Casa de Nariño (sede de Gobierno), el presidente de Colombia y el mandatario electo de Panamá abordaron todos los temas de la agenda común en materia de comercio, seguridad, política e interconexión eléctrica.

Uribe ofreció además estar pendiente de la "coordinación de las Fuerzas del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Otro de los temas que centró la atención de la cita entre los dos presidentes fue el de la interconexión eléctrica entre ambos países, y coincidieron en darle una mayor celeridad a los proyectos en esa materia.

Martinelli añadió sobre las relaciones comerciales que existe un interés de aumentar el comercio binacional y fortalecer los mecanismos de cooperación en ese tema.

"Además creemos que Panamá y Colombia se deben incorporar de forma más integrada al Plan Puebla-Panamá. Es importante aumentar el intercambio comercial entre ambos países", indicó.

El jefe de Estado electo de Panamá anunció también que dentro de sus planes prioritarios está el de "declarar una amnistía" para que las personas indocumentadas de Colombia puedan legalizar su estatus dentro de Panamá.

"Las relaciones de Panamá y Colombia deben estar al mismo nivel de las relaciones entre Panamá y Washington", puntualizó.

PANAMA PROTESTAS CONTRA UN PROYECTO HIDROELECTICO

Estudiantes de la Universidad de Panamá y dirigentes indígenas de la occidental provincia de Bocas del Toro, protestaron contra las operaciones del consorcio AES Changuinola, que construye una hidroeléctrica.

Carlos Bichet, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de de la Universidad, dijo a la prensa que la empresa desarrolla el proyecto hidroeléctrico Chan-75 y como parte de los trabajos desalojó a las comunidades indígenas Ngobe.

"La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció unas medidas cautelares para paralizar este proyecto, porque atenta contra la vida de estas comunidades y el medio ambiente", explicó Bichet a periodistas.

Durante la protesta, los manifestantes cerraron temporalmente una de las calles aledañas a la mencionada universidad, llevando pancartas y demandando la detención del referido proyecto hidroeléctrico.

Al respecto, la representante de la Asociación de Estudiantes Ngobe de la Universidad de Panamá, Melania Concepción, también denunció que las poblaciones indígenas aledañas al proyecto han sido afectadas por la deforestación y la contaminación ambiental.

"Exigimos a esta empresa que basta ya con esta situación de violar los derechos humanos de los pueblos indígenas", anotó Melania Concepción.

Del mismo modo, el dirigente Armando López pidió a los directivos del consorcio AES y a las autoridades respetar el fallo de la CIDH, un organismo regional que reconoció la demanda de las comunidades afectadas en Bocas del Toro.

La decisión de este organismo regional se dio en respuesta a una demanda interpuesta por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y la organización Cultural Survival a nombre de las comunidades afectadas

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