DIAS ONLINE

lunes, 29 de julio de 2013

AGROTOXICOS!! en la sangre de todos los votantes* ESTO SI SERIA PUBLICIDAD!


Una idea para la oposición: En vez de pagar tanta propaganda y ensuciar paredes muestreen la sangre de los votantes: AGROTOXICOS!!

CELCO COMO UPM-BOTNIA, CONFIRMADOS SUS DESASTRES

 

El Tribunal Civil de Valdivia condenó a la Celulosa Arauco por el daño ambiental del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces de Valdivia, en un hecho ocurrido en el año 2004.
Tras casi diez años de indagatoria y en un fallo de 163 páginas, la titular del primer juzgado civil de Valdivia, Gloria Hidalgo condenó a la empresa Celulosa Arauco por el daño ambiental que su Planta Valdivia provocó en el Santuario de la Naturaleza del Río cruces a fines del año 2004 y a sólo meses de iniciada su marcha.
La sentencia, producto de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que en cuanto al dolo de la acción, la empresa Celulosa Arauco conoce a la perfección la actividad que ejecutó con grave daño al ambiente, porque es una empresa que a gran escala desarrolla esta actividad y resulta inexplicable que incurra en acciones y omisiones dañosas como las denunciadas.
Tras la indagatoria, la jueza Hidalgo concluye que el daño en el santuario comprende la muerte y desaparición sin regeneración a la fecha del luchecillo; muerte y emigración de cisnes de cuello negro desde el humedal; daño al ecosistema en su conjunto, pérdida de diversidad biológica del ecosistema y pérdida del valor paisajístico del humedal.
Respecto a la causa de ese daño ambiental, el primer juzgado civil de Valdivia establece que fue ocasionado por Celulosa Arauco, y tiene como única causa basal la actividad ilícita de vertimiento de Riles al Río Cruces, contraviniendo su Resolución de Calificación Ambiental.
En la sentencia se concluye que la planta Valdivia de Celco, vertió en el humedal del Río Cruces residuos industriales líquidos cuya cantidad, composición y tratamiento no correspondía al autorizado, provocando aumento de la temperatura del agua, aumento de la acidez, aumento de su conductividad lo que es indicativo de derrame del llamado “ licor negro”, de ácidos resínicos y solución de metales pesados, lo que desencadeno en el desastre ambiental.
El fallo obliga a Celco a tomar medidas bajo sus costos para preservar el Santuario del Río Cruces, como estudios sobre el estado del humedal, crear un centro de investigación de humedales y el establecimiento de un humedal artificial con carácter de centinela, que se ubicaría antes del santuario.
Tras el fallo condenatorio, 2 son los caminos que toman más fuerza en el proceso: el primero, que la empresa Celulosa Arauco apele al fallo de primera instancia, buscando revocar la resolución. La otra posibilidad es que con el fallo condenatorio el Consejo de Defensa del Estado se abra a una conciliación, que fue abortada antes de la resolución y donde podría acordarse el monto, naturaleza y beneficiados con las indemnizaciones.
En este caso, el perito independiente contratado por el tribunal, Juan Enrique Sánchez, concluyó que Arauco debiera cancelar cerca de 86 mil millones de pesos por los daños del santuario, peritaje al que la jueza Hidalgo hace alusión en su fallo, pero aclarando que no se realizará en esta etapa el análisis de la cuantificación de los perjuicios.


UN ESCENARIO DE VIOLENCIA QUE AMENAZA CON EXTENDERSE

 El próximo 28 de setiembre,   se cumplirán dos años del atentado sufrido por el Fiscal uruguayo Enrique Viana Ferreira, en circunstancias que el Fiscal Verde, como es conocido, fue  abordado por tres hombres cuando ingresaba a su casa en el barrio Malvín de Montevideo.

Los desconocidos, ante la resistencia de Viana lo golpearon, arrojaron al piso y luego balearon en ambas piernas, en lo que hoy ya no quedan dudas fue un acto de intimidación por su compromiso  con el Estado de Derecho y con su función, representando al Ministerio Público de su país,  notoriamente expuesto por haber iniciado demandas al Estado uruguayo por el abandono de su ambiente y soberanía a manos de las multinacionales que vienen a saquear los recursos naturales de la región.
Este primer acto de violencia brutal fue oportunamente disimulado por el gobierno del FA, que adjudicó el hecho a una rapiña circunstancial, cosa increíble tomando en cuenta el desarrollo de los hechos.
            Tampoco fue un hecho aislado tomando en cuenta que la violencia se va lentamente adueñando en el vecino país de la dialéctica que resuelva los temas ambientales.
            Las noticias de esta semana que termina confirmaron esto con lo ocurrido en la DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente- Galicia casi avenida Rondeau de la capital oriental en la noche del jueves 25 pasado.
La convocatoria a una marcha fue realizada por el regional sur de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, que reúne a cerca de 20 organizaciones ambientalistas de Montevideo. Los manifestantes rechazan los emprendimientos de megaminería de gran porte, los proyectos celulósicos de UPM-BOTNIA y STORA-ENSO.
Los manifestantes se reunieron en la tardecita del jueves en 18 de Julio y Tristán Narvaja. “La tierra se defiende. Nuestra posición seguirá en la calle y nuestro descontento se traducirá en acciones. ¡No a Aratirí y no a la regasificadora de Puntas de Sayago!”, reafirmó la la proclama leida durante la manifestación.
            Pero cuando llegaron a las inmediaciones de la DINAMA, los manifestantes se encontraron con un importante vallado y la presencia de grupos policiales de choque. “Había por lo menos 20 coraceros armados como para ir a la guerra”, describió el diario El País.
            El exceso represivo del gobierno y la policía uruguaya cuando se trata de defender estas empresas y sus personeros ha quedado reiteradamente manifestado en muchas oportunidades, por ejemplo cuando “militarizaron” la zona de UPM-BOTNIA ante el infundado temor de que manifestantes anticelulósicos de Gualeguaychú, avasallaran la frontera  e intentaran ingresar a la nefasta planta de Fray Bentos.
            Este no es un hecho aislado si tomamos en cuenta que este año, en mayo,  mas de cuarenta Organizaciones sociales  reunieron en Montevideo varios miles de personas encabezadas por 300 jinetes que se movilizaron desde todos los rincones del país en defensa de los recursos naturales.
            En Argentina el panorama no es diferente, a los reclamos por el envenenamiento provocado por las fumigaciones agrícolas con agrotóxicos en todo el territorio de la Pampa Húmeda, el empleo indiscriminado de organismos genéticamente modificados, la minería a cielo abierto hay que sumarle la amenaza del empleo del método de Fractura Hidráulica, fracking, para la obtención de hidrocarburos con que esta avanzando YPF en sociedad con una de las empresas mas irresponsables del sector CHEVRÓN, que ha ocasionado desastres ambientales de magnitud incalculable en la selva Ecuatoriana.
            La sociedad se mueve rápidamente hacia una defensa activa de la vida, los recursos naturales, la naturaleza y el ambiente, pero la dirigencia pareciera no tomar nota de estas preocupaciones sociales mientras por el contrario se muestra complaciente con estos intereses que promueven la muerte y la contaminación.
            En estas condiciones solo se puede augurar un escenario de violencia social creciente que regionalmente se viene anticipando en los hechos que señalamos.
            El mundo va cambiando lenta pero irreversiblemente hacia estos nuevos paradigmas que signarán los años venideros, la historia nos contempla desde el futuro y espera que pongamos freno a esta insensatez que agobia el planeta.

 



martes, 14 de febrero de 2012

A 23 AÑOS DE LA EJECUCIÓN DE GUMARO AMARO



CLICK EN LA FOTO PARA AGRANDARLA

16 defebrero
Rueda de prensa, Café Galería Las Conchas
9 oriente 210 Col. Centro, Puebla, México
10:00 am

17 de febrero
Acto cívico 9:30 am en el parque ubicado en Río Lerma y Av. San Manuel, Col San Manuel (a dos calles de la prepa Benito Juárez de la BUAP)

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

martes, 13 de diciembre de 2011

Denuncian que la remoción de escorias de Metal Huasi se planificó estratégicamente




Austin, Texas. Dos semanas antes de la visita a Argentina del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, autoridades gubernamentales en la marginalizada ciudad de Abra Pampa, Provincia de Jujuy, comenzaron un apresurado proceso de remoción de desechos de metales tóxicos abandonados en dicha ciudad desde hace más de dos décadas.

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas ha venido documentado el desarrollo de un plan de remediación ambiental en esta comunidad mayormente indígena, y hoy hizo público un segundo informe sobre la situación en Abra Pampa titulado: El plomo sigue en la sangre: Un informe de seguimiento sobre la crisis sanitaria y ambiental en Abra Pampa, Argentina.

El informe está disponible en: http://www.utexas.edu/law/clinics/humanrights/.

En 2006, un estudio médico encontró que de los niños y niñas sometidos a análisis de sangre, un 81% estaban envenenados por plomo después de que una fundición dejó 60,000 toneladas de desechos tóxicos en la ciudad cuando cerró en 1990. A finales del 2008, el gobierno provincial removió los desechos tóxicos ubicados en el predio de la ex-fundición Metal Huasi sin seguir estándares internacionales para la protección de los residentes. Miles de toneladas de desechos tóxicos permanecieron en otros dos sitios de la ciudad.

El día 17 de noviembre, 2011, el Intendente de Abra Pampa anunció que tareas de remoción de residuos comenzarían en el Barrio 12 de Octubre, donde quedaban los desechos tóxicos más visibles. Al día siguiente, los residentes se despertaron con el ruido de maquinaria pesada siendo utilizada para la remoción de las escorias. La Clínica sostiene que en estos esfuerzos más recientes el gobierno cae nuevamente en el mismo patrón de indiferencia hacia la salud y los derechos humanos de los residentes que documentó en su informe.

La Clínica sostiene que no se tomaron las precauciones suficientes para proteger a los residentes de la exposición adicional al plomo, ya que los trabajos se realizaron por varias horas sin remojar el área para evitar la dispersión de humos blancos por la ciudad. En el primer día de trabajo, niños y niñas jugaban en el sitio, ya que no se cercó el lote y los carteles de precaución fueron recién colocados al día siguiente. Los trabajadores tampoco tomaron las precauciones necesarias para su propia salud ya que no utilizaban ningún equipo de protección.

El director de la Clínica de Derechos Humanos, el argentino Ariel Dulitzky, está convencido de que la remoción de las escorias del Barrio 12 de Octubre estaba planificada estratégicamente para coincidir con la visita del Relator Especial de la ONU, James Anaya, a Abra Pampa el día 4 de diciembre.

“El gobierno quiere remover el símbolo más visible de cómo su negligencia ha impactado a Abra Pampa,” dijo Dulitzky, “pero aun así Argentina es responsable por las consecuencias negativas a la salud de la población debido a su política minera.”

El informe de la Clínica documenta que desde el año 1986 estudios han demostrado que los niños y niñas de Abra Pampa tienen niveles de plomo en la sangre peligrosamente altos. Desde el primer estudio médico hace 25 años, el gobierno nunca ha implementado un programa de salud integral para el tratamiento del envenenamiento por plomo y sus efectos nocivos.

Reynaldo José Sajama, un residente de la municipalidad de Abra Pampa y presidente del Consejo Departamental de Comunidades Kolla explica que “el problema termina para el gobierno cuando se retira [las escorias].” Agrega, “¿Qué hacen [los gobernantes] con las casas ubicadas a un metro de la contaminación? ¿Qué hacen con el agua contaminada?”

Para los residentes, éstas y muchas otras preguntas quedan sin respuesta dado que por años el gobierno de Argentina ha negado el acceso a la información. Poca información está disponible públicamente ya que pedidos de información hechos por residentes, diputados provinciales, y la Clínica han sido ignorados consistentemente.

Desde 2009, la Clínica ha enviado 20 pedidos de información a distintas entidades del gobierno nacional y provincial así como al Banco Interamericano de Desarrollo sin recibir ningún documento en respuesta por vías formales. Durante una visita al país, la Secretaría de Derechos Humanos proveyó algunos documentos a miembros de la Clínica. Dulitzky manifiesta serias preocupaciones por el manejo “secreto” del tema por autoridades gubernamentales y sugiere que “la política del gobierno pareciera ser un manto de silencio sobre la situación en Abra Pampa.”

Más de $10 millones de dólares (USD) de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado en el 2007 para el desarrollo de prácticas mineras sustentables está destinado para la remediación en Abra Pampa y otras dos comunidades degradados por actividad minera. La firma peruana, CESEL Ingenieros, fue contratada en 2010 como consultora para la evaluación de la contaminación en la ciudad y el desarrollo de un plan de remediación ambiental. Los resultados de la evaluación de CESEL y sus propuestas no están disponibles al público. En particular, los términos de referencia para la remediación que la consultora iba a establecer tampoco están públicamente disponibles, dificultando la evaluación de la remoción actual de las escorias.

El BID aparentemente ha estado ausente de cualquier rol de supervisión durante los esfuerzos recientes de saneamiento, así como estaba durante la remoción anterior de las escorias en 2008. Estándares internacionales requeridos por el BID estipulan la consulta previa a residentes, la facilitación de la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones, una licitación pública e internacional para la firma que ejecutará la remediación, y la toma de medidas de precaución durante la remediación. Los procesos iniciados por el gobierno a mediados de noviembre del presente año no siguieron estos estándares.

En su informe, la Clínica enfatiza que la remediación en Abra Pampa es un “proyecto piloto” de acuerdo a los términos del préstamo del BID que servirá como guía para el desarrollo de futuros planes de remediación.

“Actualmente hay por lo menos 70 minas abandonados y 572 proyectos activos de minería en el país. De modo que la manera en que el proceso de remediación sea concebido e implementado en Abra Pampa tendrá implicaciones para todo el resto de las comunidades afectadas por la contaminación minera,” concluyó Dulitzky.

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas está compuesta de un grupo interdisciplinario de estudiantes de derecho y de pos-grado, trabajando bajo la dirección del Director, Ariel Dulitzky. Los estudiantes aprenden sobre los derechos humanos a través del estudio, discusión, y reflexión crítica mientras exploran diferentes modelos para la promoción y protección ética, responsable, y efectiva de los derechos humanos. Trabajando desde la perspectiva de un defensor, los estudiantes participan en varios proyectos y colaboran con organizaciones de derechos humanos por todo el mundo para apoyar los derechos humanos en foros domésticos e internacionales. El trabajo de la Clínica incluye investigar y documentar violaciones a los derechos humanos, desarrollar y participar en iniciativas de incidencia ante las Naciones Unidas y entidades de derechos humanos nacionales y regionales, y trabajar en campañas globales y locales para promover los derechos humanos.

adulitzky@law.utexas.edu, 512 232 1256

sábado, 10 de diciembre de 2011

Construir cárceles, una industria boyante



La inversión pública de más de 3.000 millones de euros en la construcción de centros ha convertido el sistema penitenciario en un gran negocio para grandes grupos.
Los recortes en el gasto público no parecen haber afectado a la construcción de nuevas cárceles. A lo largo de este año, está previsto que entren en funcionamiento, en el Estado español, varios centros penitenciarios, entre cárceles, centros de inserción social y unidades de madres. Este boom constructor se enmarca en el plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, incluidas once cárceles, entre 2006 y 2012, que se marcó el actual Gobierno, como solución al enorme crecimiento de población penitenciaria.

A pesar de que el territorio español cuenta con casi 80 prisiones, actualmente se están construyendo o ultimando los centros penitenciarios de Murcia II, Las Palmas II, Norte I (o de Zaballa, en Álava), Norte II (en Navarra), Menorca y Lanzarote, además de los centros de inserción social (centro de tránsito hacia la vida en libertad) de Valladolid, Madrid II, Jerez de la Frontera, Ceuta, Pamplona (en Zubieta) y la Unidad de Madres de Madrid. Y se han inaugurado durante este año también el centro de inserción social de Albacete y el de Murcia; a lo que hay que sumar los movimientos de tierra que ya se están realizando para los futuros centros de Ceuta, Soria y Málaga II, en paralelo con las pertinentes gestiones para construir otro más en la Comunidad Valenciana –Levante II–, y Norte III, en Gipuzkoa, etc. Esta frenética construcción de equipamientos penitenciarios es el resultado del actual Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012.

Según explica César Manzano, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa, dicho plan “es del ‘91 pero se reeditó cuando el PSOE volvió al poder en 2004. Aprobaron en dos consejos de ministros dedicar 3.000 millones de euros para construir cárceles”. De este plan, la mayor parte se la llevan las macrocárceles. Este último modelo de prisión tipo conlleva una cuantiosa inversión en cerca de 30- 35 hectáreas de terrenos comprados, proyectados, licitados, construidos y equipados por un organismo que depende de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que recibe el nombre de Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP). Creada en 1992, la SEIP es una voluminosa empresa pública de la que apenas oímos hablar, que crece, a pesar de que el presupuesto para prisiones disminuye (el presupuesto para prisiones es de 1.183.734.300 euros en 2011, un 4,09%menos que el año anterior) lo que parece poner sobre la mesa una extraña cuestión: hay más plazas penitenciarias, pero menos recursos.

“Cuentas saneadas”

Dirigida desde 2008 por Ángel Martínez Sanjuán, exsecretario general del PSOE de La Rioja, la SEIP en su memoria anual de 2010 presume de tener “unas cuentas saneadas, y equilibradas”, amén de una gestión que se mira “en los principios de la transparencia, cercanía y eficacia”. Transparencia un tanto extraña, ya que la solicitud de entrevista a sus responsables de DIAGONAL fue rechazada por su departamento de comunicación alegando que “la política de la empresa es la de no ofrecer entrevistas”.

Pero la memoria de la SEIP habla por sí sola: la actividad carcelaria se ha vuelto un negocio rentable que no sólo genera beneficios aquí, sino que ha dado un salto al “establecer una estrecha relación con organismos y empresas españolas que participan en el desarrollo de los intereses nacionales fuera de nuestras fronteras”. Dicho en otras palabras, a través de múltiples convenios, la SEIP está participando en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de prisiones en Angola, Brasil, Qatar, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, México, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Uruguay y Agen.

En el Estado español, con la media de presos más elevada de la UE, la construcción de macrocárceles está en pleno apogeo y la extensión en hectáreas de las mismas también nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno. Unas nuevas macrocárceles ubicadas cada vez más lejosde los núcleos de población, que generan además desadaptación social y desvinculación familiar.

Si la media de las cárceles europeas es de 593 plazas, según explicó el sociólogo Pedro Cabrera en una charla durante unas jornadas organizadas por Instituciones Penitenciarias, aquí, la media es de 923 plazas por cárcel. Los nuevos centros tipo españoles (que añaden como ventaja una celda que tiene 13 metros cuadrados en vez de diez) cuentan con 1.008 celdas. Pero aunque la Ley General Penitenciaria recoge que tiene que haber sólo una persona por celda, la realidad es que normalmente son dos quienes la ocupan. Como la SEIP ya prevé esta sobreocupación, en las celdas hay literas, por lo que las cárceles pasan a tener más de 2.000 plazas.

“Lucha contra los pobres”

Sin embargo, frente al aumento de plazas carcelarias, la dotación de medios no ha crecido en la misma proporción, un hecho que manifiestan constantemente sindicatos de funcionarios de prisiones, presos y sus familiares, y las mismas entidades sociales que trabajan con los reclusos. Como no hay fondos suficientes para tantas personas privadas de libertad, “este tipo de recursos se externaliza y lo que debiera asumir Instituciones Penitenciarias” lo asumen en la medida de sus posibilidades casi 600 entidades sin ánimo de lucro y ONG que trabajan en prisión, resalta Cabrera.

Pese a los cambios en los tipos de cárceles, su clientela no ha variado mucho. El tipomedio del preso sigue siendo el mismo: 40% trabajadores no cualificados, 50% con estudios primarios, 8% analfabetos, extranjeros sin papeles cuyos proyectos migratorios han fracasado, etc. Y los delitos más comunes que terminan en prisión son los relacionados con el patrimonio y contra la salud pública, más visibles frente a los ‘de cuello blanco’. Según sostiene Manzano, “hay que romper con la idea, muy relativa, de que la cárcel, o el sistema penal, tienen que ver con la delincuencia. Es un sistema en el que han caído los peces que han sido atrapados. El 99% de los delitos, según numerosas investigaciones criminológicas, no son ni percibidos, ni perseguidos, ni penalizados, ni sus autores van a prisión. Como dicen los propios presos: ‘En prisión no estamos los delincuentes, sólo una parte ínfima de los delincuentes, que somos los delincuentes fracasados’”.

Según Cabrera: “La lucha contra la pobreza se ha convertido en la lucha contra los pobres” en una sociedad “que es incapaz de integrar el conflicto” y cuya tendencia es una carrera desenfrenada en la obsesión por la seguridad, el fomento del miedo al otro como política, el populismo punitivo, el control social y la privatización del castigo”, que trae consigo un incremento tan elevado de los encarcelamientos. Para el profesor de Derecho Penal Julián Ríos, “la escandalosa y objetivable desproporción entre los recursos humanos y materiales empleados en la vigilancia y los dedicados a la reinserción social” hacen “difícilmente conciliable el objetivo educativo y socializador otorgado constitucionalmente a la pena”.

CIFRAS MILLONARIAS

111.000.000 de euros de media

EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Según el primer estudio hecho en 2008 por la SEIP sobre el impacto socioeconómico de la apertura de un centro, una de las nuevas macrocárceles tipo –con 1.008 celdas y más de 35.000 hectáreas– genera no menos de 684 puestos de trabajo directos (501 funcionarios, 83 laborales y 100 guardias civiles) y 17,6 millones de euros en sueldos. Entre los 22 y 26 meses que dura su construcción una macroprisión tipo necesita de 853 personas para levantarla, entre trabajos directos e indirectos y el Estado paga a las concesionarias privadas que la construyen unamedia de 110,6millones de euros, un negocio equivalente a levantar una urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja de que no hay que venderlos en plena recesión.

TODO PARA EL PRESO SIN EL PRESO

Según sostiene César Manzano, de la asociación Salhaketa, según los datos de los presupuestos generales del Estado, “una plaza carcelaria cuesta anualmente entre 30.000 y 36.000 euros, de los cuales la mitad se han ido o se están yendo en toda esta última década en la construcción de macrocárceles, es decir, a empresas privadas que se lucran con su construcción”.

De los otros 18.000, 12.000 euros se van en pagar a funcionarios y personas que viven de mantener encerradas a las personas presas, y los últimos 6.000 euros en pagar gastos corrientes y servicios –la luz, el teléfono, etc.–. “Para los presos no queda nada, lo justo. ¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación y la reinserción?”, se pregunta Manzano.

R.M.C (desde Madrid)

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Nuevo proyecto de ley “antiterrorista”




La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES expresa su preocupación y rechazo ante un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, ingresado en Cámara de Diputados de la Nación. En este sentido, consecuentemente con anteriores pronunciamientos públicos de la entidad-en oposición a proyecto de ley “anti terrorista”, luego plasmado mediante la ley 26268, y tras su sanción, cuestionando la misma-, sostenemos que no resulta viable, insistir con tipificaciones laxas de terrorismo, cuando los organismos internacionales no han logrado el grado de consenso necesario para avanzar en tal sentido.
Como fuera ya dicho en nuestro pronunciamiento del 13 de julio del 2007, conforme principios elementales del derecho penal universalmente aceptados es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico (“aterrorizar”).

Este proyecto incorpora, en su art.1 como casos del terrorismo internacional a una veintena de figuras penales que existen como delitos comunes en el Código Penal: homicidios y lesiones dolosas, privación ilegal de la libertad, apología, extorsión, instigación, daño, incendio y estragos, tenencia de arma, resistencia a la autoridad, intimidación pública, falsificación, asociación ilícita terrorista (creación de la cuestionada ley 26268) y hasta cortes de calles.
Incluye, además como actos de terrorismo internacional, a los previstos, difusamente, por la ley 26023, ratificatoria del Convenio Interamericano contra el Terrorismo, oportunamente cuestionada por ésta Asociación.

Las figuras del art. 1 del proyecto se erigirán en tales “actos terroristas” si formaren parte de una política dispuesta por una “organización terrorista internacional”, descripta en el art. 2, cuya redacción es casi idéntica a la del nuevo art. 213 ter del Código Penal, la referida asociación ilícita terrorista, diferenciándose sólo por su inciso C), por lo cual, la confusión entre ambas figuras será inevitable.

Este proyecto por otra parte, desconoce la doctrina de nuestro máximo tribunal, en autos "Lariz Iriondo, Jesús María s/ solicitud de extradición", donde la Corte, reconociendo el carácter controversial del término no se expide a la hora de señalar que se considera como “terrorismo”, negándole un estatuto especial que no sea la legislación penal interna, la que prevé y reprime un catálogo de delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público; todos ellos de naturaleza común y prescriptible.

Tal como hemos sostenido en reiteradas oportunidades, es perentoria una reforma integral al Código Penal que incorpore del delito de genocidio y la reformulación de un cuerpo normativo carente de toda proporcionalidad entre delito y pena. Ese proyecto lejos de ser sometido al debate jurídico y social, ha sido archivado, esta ley sin debate previo de cara a la sociedad, fue velozmente sancionada por ambas Cámaras.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011.-

Eduardo Tavani, Presidente - María del Carmen Besteiro, Secretaria General

Informe sobre pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre
PROYECTO LEY ANTITERRORISTA

La comisión de DDHH, ha formulado un pedido a esta CD, a fin de que se pronuncie en relación a un nuevo proyecto de ley antiterrorista, presentado en la Cámara de Diputados en el mes de julio de 2010, en línea, no obstante su procedencia, con el ya sancionado en el año 2007, como ley 26268.

La presentación de DDHH, detalla los antecedentes de opiniones anteriores de la propia Comisión, y declaraciones de la entidad referidas a normas sancionadas con antelación.

No resulta esto en éste caso ocioso, pues devela un consecuente posicionamiento de la AABA, en contra de este cuestionable proceso de ampliación de los marcos de delimitación del terrorismo, como figura penal autónoma.

Este proceso, como decíamos, reconoce antecedentes, en todos ellos, prima la indefinición del concepto de terrorismo y el surgimiento de tipos penales, cuanto menos, amplios.

Así, se va configurando un plexo normativo flexible, susceptible de ser utilizado en un proceso de criminilización de la protesta social.

Hagamos un somero análisis de éstos antecedentes:

I)La ley 26023

En junio del año 2002, se aprobó la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, en Bridgetown, Barbados, suscripta por la República Argentina.
Ya en su art. 1º, sostiene que el objeto de la Convención, es entre otros “eliminar al terrorismo”.
Tal vaguedad, amplitud e imprecisión de los términos, es peligrosa, baste sino recordar los decretos de aniquilamiento dictados por el gobierno constitucional de Isabel Perón, esgrimidos luego por los dictadores para justificar el genocidio.

No contiene la Convención especificación de qué es el terrorismo, entendiendo por delito, o sea, por actos terroristas, a aquellos especificados en determinados instrumentos internacionales a los cuales, remite.
Entonces, entenderá como “terrorismo” todo apoderamiento ilícito de aeronaves, todo ilícito contra la seguridad de la aviación o de la navegación marítima, actos de violencia en aeropuertos; toda toma de rehenes, etc, cayendo en una casuística que resulta excesiva.

Por otra parte, limita principios fundamentales en materia de extradición, asilo, y excepción de delito político.

La Convención omite considerar como sujeto activo que pueda incurrir en la tipificación, al Estado ni a sus organismos.
O sea, no contempla al terrorismo de estado, cuando la triste experiencia latinoamericana de las pasadas décadas nos muestra que fue precisamente el ESTADO, quien adoptó el terrorismo como política.

La Comisión de DDHH, oportunamente, se pronunció en contra-

Esta convención interamericana contra el terrorismo, fue aprobada mediante la ley 26203, sancionada el 15 de abril de 2005.

II)Ley 26268

Según fuera oportunamente informado oficialmente, la referida modificación, viene a cumplir con una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el financiamiento del terrorismo, y blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.

Dicho ente, había adelantado que consideraría a nuestro país, como “país no confiable para las inversiones” si no sancionaba una norma que castigue al “terrorismo” antes del 23 de junio de 2007.

De esta manera, con la sanción de la ley, la Argentina evitó la mácula de ser nominada de tal manera por un organismo internacional, pero asume el riesgo, de ser considerada como país no confiable en cuanto a las garantías individuales de sus ciudadanos.

La ley 26.268, agrega un capítulo, el sexto, en el Título VIII, del Libro Segundo, del Código Penal, titulándolo “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”. Produce, además, modificaciones en las leyes 25246 (Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo) y 25241(Ley del arrepentido).

En referencia al Código Penal, incorpora dos artículos, el 213 ter, que penaliza la simple pertenencia a una asociación con las características que enuncia, y 213 quater (provisión de bienes o dinero para financiar a un asociación ilícita terrorista), estableciendo penas para quienes proveyeran de fondos a tales asociaciones.

Es de tal manera una “asociación ilícita terrorista “, aquella que mediante la comisión de delitos, se proponga “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" para lo cual realicen una "acción de propagación del odio étnico, religioso o político", esté organizada en redes operativas internacionales, y disponga “ de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas" .

No es de ninguna manera asimilable cometer hechos supuestamente terroristas, con ser integrante de una organización que comete hechos.

La nueva figura penaliza, se reitera, la pertenencia a esa organización.

Del texto legal no surge que las características que se requieren para definir la figura de asociación ilícita terrorista, sean concurrentes, con lo cual, bastaría con que se configure sólo alguna de ellas.

De ésta manera, cualquier acción popular que tenga la pretensión de modificar alguna decisión gubernamental, puede con poco más, ser sancionada como “acto terrorista”, por cuanto, además, el art. 9º de la ley, modifica el art. 1º de la ley 25.241, sobre reducción de escala penal para personas que colaboren con esclarecimiento de actos terroristas, estableciendo que “se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el art. 213 ter del Código Penal”.

Sólo por dar un ejemplo, una manifestación de la CTA (en cualquiera de sus versiones), que reclamare por el otorgamiento de la personería gremial (“obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”),con algún grado de virulencia y virtual encuadre en alguna figura penal, podría tornar aplicable la normativa en análisis.

La AABA, se pronuncia en dos ocasiones al respecto de esta ley, antes de su sanción, bajo la presidencia del Dr. Acebedo; y a posteriori, conjuntamente con la AAJ ya bajo el mandato de una nueva CD, y la presidencia de Beinusz Szmukler, y en duros términos:

“El Congreso Nacional aprobó al proyecto de ley “antiterrorista” que el Ejecutivo remitiera en Diciembre ppdo, bajo la presión pública y notoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI y la del gobierno de los EEUU, que pretende uniformar internacionalmente los conceptos liberticidas de su “Patriot Act”…..

….La ley ha introducido una pretendida tipificación laxa del “terrorismo” en el Código Penal, a diferencia de los organismos internacionales que lo intentaron sin lograrlo, debido a que conforme principios elementales del derecho penal universalmente aceptados es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico (“aterrorizar”)

La “asociación” legislada se configura por “cualquier” delito con utilización de armas de guerra, conexión internacional y que persiga el odio político, religioso o étnico, si su fin es atemorizar a la población o coaccionar al Gobierno para que adopte alguna medida o se abstenga. Se ha excedido incluso lo que surgiría de un Convenio Internacional tan criticado. Es más: castiga (a través de un art. 213 quater) con penas gravísimas, el aporte de bienes o fondos por parte de quien no pertenece a tales “asociaciones” pero que sabe serán utilizados a los fines antes descriptos….

La historia Argentina está plagada de leyes de excepción, que no impidieron ninguno de los actos terroristas que asolaron nuestro país, ni la impunidad de sus autores, y sólo han servido para la represión política y social. En cambio es perentoria una modificación global del Código Penal para expurgarlo, entre otras, de las denominadas “leyes Blumberg”, para lo cual debe elevarse a tratamiento del Congreso el anteproyecto elaborado por la “Comisión de reforma del Código Penal designada por el Poder Ejecutivo e integrada por prestigiosos especialistas, que luego de un año de trabajo y ser presentado oficialmente en acto público el 18 de mayo de 2006, fue abandonado irrespetuosamente y sin explicación alguna.”

Buenos Aires, 13 de julio de 2007.

Tal como refiere la declaración citada ut supra durante el año 2006, se presentó ante el Senado un proyecto de reforma integral al Código Penal que tendía a dar respuestas a cuestiones acuciantes, como por ejemplo la incorporación del delito de genocidio y la reformulación de un cuerpo normativo carente de toda proporcionalidad entre delito y pena. Ese proyecto lejos de ser sometido al debate jurídico y social, ha sido archivado, esta ley sin debate previo de cara a la sociedad, fue velozmente sancionada por ambas Cámaras.

III)El proyecto de ley
Se trata del Expte. 5179-D-2010, con trámite parlamentario en Diputados Nº 097 (15-7-10), firmado entre otros por Gil Lavedra, Alfonsín y Aguad (UCR), Carrió , Pérez Bullrich (CC), Cortina (PS), Pinedo (PRO), Stolbizer (Gen) y Solá (PJ Federal).

Este proyecto incorpora (art.1) como “casos” del terrorismo internacional a una serie de figuras penales que existen como delitos comunes en el Código Penal: homicidios y lesiones dolosas, privación ilegal de la libertad, apología, extorsión, instigación, daño, incendio y estragos, tenencia de arma (de “cualquier” calibre), resistencia a la autoridad, intimidación pública, falsificación, hasta cortes de calles, etc.
Incluye, además como actos de terrorismo internacional, a los previstos, difusamente, por la ley 26023.

Nótese que incluye entre tales “casos” a las figuras de los arts. 213 ter y 213 quater (asoc. ilícita terrorista), ambas de reciente creación por la ley 26.268.

Las figuras del art. 1 del proyecto se erigirán en tales “actos terroristas” si formaren parte de una política dispuesta por una “organización terrorista internacional”, descripta en el art. 2, y es copia casi servil de la ley 26.268 preexistente (o sea el novísimo art. 213 ter del Código) :
Artículo 2º: Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquéllas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo, y siempre que ellas cuenten con las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas;
c) Recibir cualquier tipo de ayuda de un estado extranjero, o de una organización radicada fuera del territorio argentino, o desarrollar acciones de ese tipo en más de un país, o conspirar en más de un país para hacer lo.
Sustituye la exigencia de simples relaciones internacionales (“estar organizada en redes operativas internacionales”), por una mayor: “recibir ayuda de un Estado o de una ONG extranjera”.
La Comisión de DDHH, sostiene que esta diferenciación, puede ocasionar confusión, dado que el proyecto “confirma” el art. 213 ter que incorporó la ley 26.268, que exhibe, respecto al texto de los actuales proyectistas, la diferencia antes señalada.
En la apariencia podría pensarse que establece condiciones mayores, instalando mayores precisiones para poder acusar.

De todas maneras, la definición del art. 2º, refiere a la organización terrorista internacional, como promotora de políticas, para caracterizar los actos que el art. 1º enumera, como “terroristas”; y lo previsto por el art. 213 ter del Código Penal, a la asociación ilícita terrorista.

Más allá de que la cuestión planteada por la Comisión, en cuanto a la confusión que podría generarse por la redacción habida en el proyecto, y la del art. 231 del Código Penal, la efectiva aplicación de la norma podría profundizar un proceso de criminalización de la protesta social. El ejemplo enunciado anteriormente, es válido para ilustrar esta posibilidad.

El texto en análisis añade el carácter de “imprescriptible” a la acción persecutoria respectiva (art. 4); reducción de penas para imputados que colaboren (art.7ª); las “condenas en el exterior” se tomarán en cuenta para la “reincidencia” aquí (art. 8), y que quien conociere hechos de terrorismo estará “obligado” a denunciarlos (art. 10); y aún más: si otro Estado solicita la extradición de un sospechoso, deberemos entregárselo aunque el Tratado con ese país lo imposiblitara (art.5).

Resulta llamativo, ver que entre los fundamentos que se citan, podemos encontrar referencia a la posición de la CSJN en relación al tema, concretamente la dificultad en definir al terrorismo in re "Lariz Iriondo, Jesús María s/ solicitud de extradición", relativizando, de alguna manera, los alcances de un fallo ejemplar.
“El concepto de terrorismo ha sido sumamente difuso y ampliamente discutido, al punto que ni siquiera se logró un consenso en el Estatuto de Roma, donde no fue posible lograr una definición, pese a la unánime condena. Tampoco en el sistema regional americano la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Barbados el 3 de junio de 2002 (ratificada por ley 26.023) logró un consenso sobre su tipificación ni sobre su consideración como crimen de lesa humanidad.
Mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente".
Así el voto en mayoría que se desprende de la posición de Maqueda y Zaffaroni, si bien nunca pone en duda la existencia un fenómeno como el del terrorismo, intenta armonizar la legislación internacional en la materia ,sin ponerla al nivel de los estándares internacionales de derechos humanos hoy incorporados.
La legislación internacional sobre terrorismo no alcanza la categoría de ius cogens.
Del nudo argumental del fallo en mayoría podemos extraer que se establece una clara distinción entre delitos de lesa humanidad y delitos de terrorismo.
Para los primeros existiría todo un desarrollo del ius cogens internacional, previo a la normativa internacional que los categoriza como imprescriptibles; no así para el caso de los delitos de terrorismo que se receptan en la legislación internacional sin ius cogens.

“Por eso entiendo que la Corte, si bien no se expide a la hora de señalar que se considera como “terrorista”, reconoce la vaguedad del término, y no le da un estatuto especial que no sea la legislación penal interna, la que prevé y reprime un catálogo de delitos contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público; todos ellos de naturaleza común y prescriptible.
El delito de terrorismo es un delito común, y como tal: prescriptible.
Las consecuencias de esta interpretación para nuestro derecho interno son fundamentales, en tanto estos actos no se tratan de una violación a los derechos humanos, ni delitos de lesa humanidad. “

Terrorismo ó derechos humanos. Algunas consideraciones sobre modelos de implantación legal de terrorismo en Argentina.
Por Julián Axat

Como bien señalaba Beinusz Szmukler (Conferencia Nacional de Abogados, Córdoba, 1980) al analizar el concepto análogo de “subversivo”, queda a la vista que la creación de un sujeto como el de “los terroristas” pretende dar un estatuto especial por el mero hecho de poseer una cualidad personal (absolutamente indefinida) cuando la legislación penal interna (el código Penal) de cada país, ya prevé y reprime un catálogo de delitos: contra la vida, abuso de armas, delitos contra libertad individual, extorsión, daños, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público.
Desde un punto de vista estrictamente técnico estamos haciendo derecho penal de autor y no de acto, a la vez que creando condiciones jurídicas especiales y excepcionales dentro del propio sistema jurídico, que en su espíritu constitucional no distingue a un ciudadano de otro ante la ley (art. 16 de la CN).
Este proyecto se enmarca en la intención de globalizar o trasnacionalizar la condena del terrorismo desde determinados cánones jurídicos, en forma de ley local Antiterrorista, en línea con lo que el Unilateralismo Norteamericano exporta hacia el mundo, desde el atentado a las torres gemelas y la sanción de Acta Patriótica, como la formula o receta más eficaz para combatir el terrorismo.
Este proyecto, guarda alguna similitud con la ley antiterrorista chilena, que posibilita el juzgamiento de militantes mapuches.
A falta de una definición del terrorismo como delito autónomo, se ha optado por un enfoque sectorial, incriminando y persiguiendo actividades que incluyen la protesta social y política. En éste camino, avanza la norma proyectada.
En realidad, y para concluir, todo lo que fuera dicho oportunamente en relación a la vigente ley 26268, resulta plenamente aplicable a éste nefasto proyecto, que intenta reeditar la teoría de los dos demonios y no veo motivos para apartarse de la consecuente posición que hemos ido manteniendo en relación al tópico.
El concepto de terrorismo es esencialmente controversial, pero tal dificultad pareciera ser funcional a los intereses que expone, ya sin pudor, la potencia dominante. Tal es así, que, en un dejo de brutal ironía, o sinceridad, el norteamericano Brian Jenkins, experto en el tema, dijo que “terrorismo es lo que hacen los malos”.

lunes, 5 de diciembre de 2011

¡Encontraron el Dorado! Repsol se enriquece con los lotes y mercados cautivos de América Latina

Las pasadas semanas Repsol sorprendió a los accionistas con la noticia del descubrimiento histórico de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, Neuquén, Argentina. La noticia coló y los inversores premiaron a la compañía con un aumento del 6% de la cotización bursátil a las pocas horas de su difusión. Aunque exagerada por su contenido (pues según los analistas, ni son reservas probadas, ni el shale oil es todavía petróleo ya que necesita de costosos procesos de refinación)[1] pareciera que la crisis mundial no afecta a la compañía petrolera, que sigue amasando altísimos beneficios. Pero si ellos ganan, quién pierde?

En el último lustro la estampa de Antoni Brufau, presidente de Repsol-YPF, abrazado a presidentes de diferentes países de América Latina se ha hecho familiar . No en vano, la compañía petrolera ha apostado millonarias inversiones en la exploración de nuevas áreas y el desarrollo de campos productivos que han engrosado unas reservas muy cotizadas en los mercados bursátiles. Otra estrategia ha sido formar sociedades mixtas con las empresas nacionales, para conseguir áreas prioritarias y superar las resistencias gubernamentales. De este modo, los países productores, que a la vez son consumidores, abren sus puertas a la compañía, entregando unos combustibles para que la compañía los exporte, o los venda al propio país con un gran margen de ganancias.

Mientras la compañía anuncia en las bolsas sus fabulosos hallazgos en zonas no tradicionales, los habitantes de estas regiones sufren los pasivos ambientales del avance de la frontera extractiva. Y los conflictos afloran con el petróleo.

Petróleo bajo el mar

En Brasil, Repsol materializó a finales del pasado año un acuerdo con la empresa china Sinopec para desarrollar conjuntamente los proyectos de exploración y producción que posee en las Cuencas de Santos, Campos y Espírito Santo, donde participa en 14 bloques, de los cuales opera siete.

En las últimas semanas, el consorcio Repsol Sinopec Brasil anunció descubrimientos de importantes reservas en varios pozos en la costa de Vitoria y Sao Paolo a profundidades entre 2 y 5 kilómetros. Estos hallazgos se añaden a otros mega-yacimientos que Repsol ya contabilizó en los pasados años y que le posicionaron en una de las empresas líderes en descubrimientos en aguas profundas.

Pero entre la detección de reservas ubicadas a kilómetros bajo la superficie y su posterior extracción, existen riesgos e impedimentos tecnológicos que - sirva el desastre del golfo de México de 2010 como precedente- conviene no subestimar.

En aguas colombianas, Repsol se propone realizar exploración y explotación petrolera en las Cayos del Norte, parte del archipiólago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El proyecto ha levantado la oposición del pueblo indígena raizal y de organizaciones ambientalistas por poner en peligro los sistemas coralinos del conocido Mar de los Siete Colores.

Gas guaraní para la exportación

En Bolivia, Repsol se asoció a YPFB para formar la empresa PetroAndina SAM y conseguir nuevas áreas de exploración en la Amazonía.

Más al sur, en el Chaco, la compañía sigue perforando pozos exitosos en el interior de territorios indígenas. El Bloque Caipipendi, de 123.000 hectáreas que se superponen a los Territorios Comunitarios de Orígen Itika Guasu, Tentayapi, y al Parque Nacional Aguaragüe, ya se han puesto en marcha 5 pozos a profundidades de hasta 6.000 metros. En 2010 Cristina Fernandez y Evo Morales inauguraron un nuevo gasoducto de 40 kilómetros para unir este bloque con la red de gasoductos argentinos y asegurar mayores flujos de exportación hacia el mercado argentino, deficitario de este combustible - a pesar de que este país permite a las empresas exportar el gas a chile y otros países.

El pasado octubre, Repsol anunció la inversión, junto a su socia Pan American Energy de 1.400 millones de dólares para seguir perforando nuevos pozos con el horizonte de aumentar la producción de 3 a 14 millones de metros cúbicos diarios de gas en los próximos tres años. Con este repunte productivo "se garantizará los contratos de exportación a Argentina y por supuesto satisfacer el mercado interno", el cual, valga decirlo, todavía es mínimo por no contar con una red de suministro domiciliario.

Amenazada por el bloque Caipipendi, la comunidad guaraní de Tentayape, declarada como Patrimonio Historico Cultural de los Guaranís en 2006, ha defendido a ultranza una posición de determinante rechazo a cualquier entrada de la compañía en su territorio. La empresa, a sabiendas de las reservas gasíferas que aguardan bajo el suelo de la comunidad, acorrala su territorio implantando cada vez más infraestructuras en la zona.

Amenazas a los pueblos amazónicos

Repsol opera en varios lotes en la Amazonía del Perú. Al norte, en el controvertido Lote 39, se discute la existencia o invención de pueblos en aislamiento voluntario. Mientras las organizaciones indígenas piden la creación de una reserva territorial que los proteja, Repsol niega su existencia en base a la colocación de trampas fotográficas. Mientrastanto, la francesa Perenco, ha obtenido la licencia para la construcción de un oleoducto en el vecino Lote 67, también en territorios de posible presencia de pueblos aislados.

Al sur del país, Repsol es socia del consorcio Camisea, que opera al interior de la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nantis. Pluspetrol, la operadora del Lote 88, ha iniciado hace unos meses cuestionados movimientos no previstos al interior de la reserva, contratando a comunarios del pueblo Nahua, en situación de contacto inicial, para actividades de vigía ante posibles encuentros con grupos aislados.

A parte, el descubrimiento de enormes bolsas de gas en el vecino Lote 57 ha empujado a Repsol a iniciar un ambicioso proyecto de industrialización de la selva. Para este año, peinará sus bosques con un proyecto de sísmica 3D que afectará 2.360 Km de la Reserva Comunitaria Machiguenga, así como su área de amortiguamiento y la del Parque Nacional Otuqui. También proyecta la contrucción de 22 pozos más que se añadirán al pozo ya perforado Kinteroni I y una conexión de gasoductos entre los pozos de los lotes 57, 56 y 88.[2]

En la región del Madre de Dios, el lote 76 operado por Repsol y Hunt, genera conflictos por la invasión con la Reserva Comunal Amarakaeri, pues se superpone a casi todo el territorio de la reserva y sin que se les haya efectuado la consulta previa a sus habitantes.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2011, un 6,4% superior al año anterior. Buenas noticias para la bolsa, malas para los pueblos que cobijan el filón hidrocarburífero.

Marc Gavaldà

domingo, 4 de diciembre de 2011

La civilización petrolera sin límite



DECLARACIÓN DE OILWATCH

COP17, Durban, diciembre 2011

1. A pesar de las señales económicas, ambientales, sociales sobre la urgencia -ya impostergable- de abandonar la dependencia a los combustibles fósiles, las empresas y países continúan atándose con nuevos proyectos de carácter petrolero, con la ampliación de las fronteras y de explotación de otras formas no convencionales de petróleo con diferentes mecanismos de control (que incluyen el militar y económico) de reservas que incluyen invasiones, ocupaciones y una serie de negocios oscuros.

2. Con las intervenciones en Libia, la amenaza sobre Siria, la negativa a abandonar el control militar en Afganistán e Iraq, se rebela que continua la estrategia de control militar: "El pueblo americano ha entendido que es mucho más fácil y divertido ir a la guerra del Golfo y sacar a patadas el petróleo de Medio Oriente que hacer sacrificios para limitar el consumo del petróleo importado por los americanos" [1]; "América puede hacer cualquier cosa que se proponga" [2].

3. Los países industrializados se han situado en posiciones estratégicas, ya sea con empresas petroleras, una veces estatales y otras privadas, como con inversiones financieras o con industrias vinculadas como la automotriz o la química, para mantener vigente el modelo y lucrar de los negocios petroleros.

4. Las hegemonías, nuevas como lo es China -que ya representa una potencia mundial-, o las viejas que se han construido sobre el patrón petrolero, dependen de buscar, extraer, ocupar y controlar territorios con combustibles fósiles.

5. Es muy difícil tener una idea de la importancia y magnitud de los hidrocarburos. El urbanismo moderno es petrolero, depende de él como fuente energética y de transporte, y excreta petróleo en sus más de 1'700.000 de toneladas de basura diarias [3]. La ruralidad moderna es petrolera, consume más de 136 millones de toneladas de agrotóxicos y de fertilizantes, millones de toneladas de insecticidas, fungicidas, y otros químicos y depende además de la maquinaria y transporte de los productos agrícolas. Los sistemas de salud y alimentación, se van haciendo cada vez más petroleros a medida que se abandona la soberanía alimentaria y de la salud.

6. El consumo primario de energía, creció en un 5.6% en el 2010, siendo el más grande crecimiento en términos de porcentajes desde 1973. El aumento se da en todas las regiones, particularmente en China [4]. La dependencia a los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) se mantiene.

7. La relación reservas-producción (R/P) [5] coloca en el escenario de mayores reservas mundiales a América Latina (93.9) y a medio oriente (81.9), seguidos por África (35.8) y Asia Pacifico (14.8). Todas esas reservas se convierten artificialmente en reservas comerciales, sobre la base de trasladar a los Estados gran parte de los costos de extracción e ignorar las limitaciones ecológicas. Este método ignora el valor inherente y los derechos de la madre tierra y permite la creación artificial del valor de cambio con el propósito de colocar a la naturaleza en el mercado.

8. La petro-dependencia, se sostiene con estrategias privadas y estatales que incluyen, ya sea la violencia directa o la indirecta con el bombardeo publicitario, el lavado verde y la corrupción política. Se trata de una estrategia que, a pesar del repudio local, de los impactos ambientales, de las ilegalidades económicas, y a pesar de la crisis general a la que está ligada, se sostiene e incluso se impone como prioritaria.

EL capitalismo petrolero se expande y se recicla

9. La búsqueda de combustibles fósiles se mantiene como una prioridad nacional bajo premisas del siglo pasado de crecimiento y bienestar ignorando los perjuicios de estas actividades sobre las poblaciones y sobre el patrimonio nacional y planetario.

10. Bajo el argumento del interés nacional, los Estados ya no solo permiten estas operaciones sino que se ponen al servicio de la extracción, ya sea otorgando beneficios contractuales, asumiendo el papel de relacionadores comunitarios y construyendo garantías de seguridad para los proyectos extractivos,

11. Las campañas de búsqueda y extracción de más combustibles fósiles, construyen un escenario en donde el reconocimiento de derechos colectivos y ambientales, entra en franca crisis con las políticas extractivas que requieren de acelerar las formas de ocupación y despojo.

12. Bajo propuestas de "pago por servicios ambientales" "programas de absorción de emisiones", "programas de conservación de bosques", "repartición de beneficios" [6], "empresas extractivas con participación de indígenas" y una serie de sistemas de endeudamiento encubierto y cooptaciones, se han construido herramientas de ocupación y control de territorios, entre las que están los proyectos REDD, que en muchos casos abren el paso a las industrias extractivas y que se constituyen en estrategias para mantener y expandir el capitalismo, aunque ahora tenga una imagen verde.

13. El capitalismo petrolero no solo se expande y somete a las últimas fronteras, sino que penetra las culturas, con alcoholismo, consumismo, individualismo, se instala en las mentes y los cuerpos para terminar por desechar a las personas, a las relaciones y prácticas comunitarias que le incomodan.

14. A las comunidades que se oponen o resisten a estos procesos de ocupación se las condena, reprime o criminaliza. Los nuevos, delincuentes, "enemigos del desarrollo" y terroristas, son los indígenas y los defensores de la naturaleza [7].

15. Adicionalmente la construcción de la nueva unidad de valor global: "el carbono" ha creado la idea de que el cambio climático es el único problema global relacionado con el consumo energético, desconociendo la destrucción de las redes de la vida, la contaminación, la acumulación de basura, las enfermedades que provoca tanto la extracción como el consumo de derivados y finalmente todos los impactos sociales y económicos, que afectan, cuando no destruyen, la estabilidad ecológica de las sociedades.

16. El carbono es una nueva "mercancía" que permite no solo alargar la vida del capitalismo petrolizado sino ampliar los territorios bajo su control, sometiendo a los mares, a la atmósfera, a los bosques, a una nueva ocupación: la de convertirlos en "sumideros".

17. A esto se suman las nuevas propuestas de los llamados servicios ecosistémicos que no dejarán nada fuera del mercado, junto con un profundo proceso de financiarización del agua, la biodiversidad y de todos los componentes, ciclos y funciones de la naturaleza.

18. Las nuevas tecnologías: geoingenieria, nanotecnología, biología sintética y otras, algunas de las cuales se presentan como herramientas para enfrentar los cambios climáticos, suponen nuevas amenazas y conflictos, y perpetuán la lógica de sobre-consumo y sobre producción y el capitalismo salvaje.

19. Existe una deliberada y provocada ignorancia con relación a los ciclos energéticos, humillando a los ciclos naturales como es la fotosíntesis -y el sol-, denigrando el trabajo humano, la creatividad, la inventiva y las culturas, promoviendo el conocimiento parcial de los ciclos artificiales basados en la quema de combustibles fósiles.

Oilwatch propone colocar al petróleo, al gas y al carbón, en el centro de las discusiones nacionales e internacionales

20. Los países y pueblos que aspiran a romper con la dominación y buscan caminos soberanos, deben enfrentar el hecho de que el petróleo supone un encadenamiento con la dominación. Someter nuevos territorios a la expansión del capitalismo petrolero, supone renunciar a espacios y proyectos de emancipación del capitalismo petrolizado.

21. Lo países y pueblos que construyen relaciones internacionales de dignidad, deben irrumpir en los escenarios internacionales, desmontando las nuevas estrategias de control y dominación, que incluyendo al ambiente como pretexto, consolidan propuestas antiecológicas, sostienen modos de vida imperiales, y perfeccionan nuevas formas de colonialismo.

22. La actual agenda energética, continúa creando frenos a las energías limpias, descentralizadas y de bajo impacto, sacrifica la alimentación por los agrocombustibles, apresa a los ríos para beneficiar a un sector de poder, propone el retorno victorioso de la cuestionada energía nuclear, justifica las campañas militares y políticas para ocupar los territorios en donde hay hidrocarburos

23. Mientras antes enfrentemos el cambio energético, tendremos mejores oportunidades. Se requieren prácticas, tecnologías y actividades que construyan la autonomía energética individual y colectiva, recuperen la relación armónica e interdependiente entre las soberanías alimentaria, energética, lúdica y permitan el salto necesario de un patrón tecnológico destructivo al desarrollo de fuerzas productivas constructivas que resitúen la especie humana dentro de los límites físicos y ecológicos del planeta tierra.

24. Inscritos en las comunidades hay muchos conocimientos, prácticas y saberes, relacionadas con los ciclos energéticos, que son verdaderos ejercicios de resistencia frente al capitalismo petrolizado. El reto es rescatar esos saberes ancestrales, potenciar la inventiva, recuperar las tecnologías duraderas y desarrollar los espacios vitales de crecimiento cultural y humano.

25. Hay muchas luchas contra la civilización petrolera: la lucha contra la crisis climática, por las soberanías nacionales, por la paz en contra de la guerra, las luchas contra los agroquímicos, las luchas de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos, las luchas contra la acumulación y producción de basura, las luchas por aire limpio en las ciudades, los que promueven el uso de bicicletas en vez de autos, las luchas contra el sistema financiero y tal vez muchas otras luchas de las que no conocemos o no somos conscientes aún.

26. El mundo no puede seguir fingiendo no saber que el uso de combustibles fósiles en la energía y en otras actividades de producción es la principal causa del calentamiento global. En lugar de rodear el tema con interminables negociaciones que acaban en la entronización de las falsas soluciones, hacemos un llamado a la acción real por frenar esta senda de la civilización.


Oilwatch como red de resistencia a las actividades petroleras, invita a las organizaciones, sindicatos, pueblos indígenas, campesinos, iglesias, intelectuales y académicos, a reconocernos parte de este proceso de cambio civilizatorio y a compartir experiencias prácticas, luchas de resistencias de distinta índole, y con ellas, dar las puntadas que nos acerquen a un mismo tejido que nos cobije.

OILWATCH INTERNACIONAL
Nnimmo Bassey
nnimmo@eraction.org

OILWATCH SUDAMÉRICA

sábado, 3 de diciembre de 2011

EE.UU.: cautela ante una baja de la desocupación




Nace la Celac, un nuevo bloque americano sin EE.UU. ni Canadá impulsado por Hugo Chávez

Los líderes latinoamericanos y caribeños reivindicaron este viernes por la noche su independencia del Norte al abrir en Caracas una cumbre para fundar la Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero se mostraron divididos sobre el papel que este nuevo organismo regional sin Estados Unidos debe adoptar frente a la OEA.

"Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo", declaró el presidente venezolano, Hugo Chávez, en una ceremonia en el teatro Teresa Carreño de Caracas, que dio inicio a la cumbre de dos, integrada por 33 países.

"Avancemos sin vacilación, porque vacilar es perdernos", arengó el mandatario, durante un discurso en el que defendió la batalla de los pueblos latinoamericanos por su independencia frente a las potencias europeas y Estados Unidos.

"Estoy convencido: ésta es la hora y ésta es la década de América Latina, por ello debemos apresurar el paso hacia la integración", aseveró por su lado el presidente mexicano, Felipe Calderón.

Los jefes de Estado y de gobierno de la región, o sus representantes, empezaron a analizar la forma precisa que tendrá la Celac --llamada a ser principalmente un organismo regional de concertación política--, en la que tendrán cabida liderazgos heterogéneos.

"íUnidad, unidad, unidad!", pidió Chávez. "Tenemos que aprender a convivir con esas diferencias y buscar la mejor manera de complementarlas", subrayó el mandatario, impulsor de una alianza regional de gobiernos izquierdistas (ALBA).

Para el mandatario, esta cumbre, aplazada en julio cuando se le diagnosticó un cáncer, supone su retorno a la escena internacional y una ocasión para mostrar, ante rumores que sostienen lo contrario, que superó la enfermedad.

La unión de los países de la región en un organismo heredero de los foros de la Cumbre de América Latina y Caribe (CALC) y Grupo de Rio, que empezó a gestarse en una cumbre en Brasil en 2008, se plantea inevitablemente como una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), que excluye a Cuba, suspendida en 1962, e integra a Estados Unidos y Canadá.

Pero hasta qué punto este organismo --un nuevo intento de integración en una región que cuenta con decenas de alianzas y grupos subregionales-- debe rivalizar con la OEA se convirtió de inmediato en asunto de controversia.

"Esta integración no puede ser contra nadie, esta integración es una integración a favor nuestro. Esta integración no es contra la OEA o contra la cumbre Iberoamericana, es a favor de América Latina y el Caribe", aseguró el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aliado de Washington.

"La Celac no juega en contra de la OEA, nuestra preocupación es trabajar por la región", coincidió Antonio José Simoes, subsecretario de Brasil para Asuntos de América del Sur y el Caribe.

Para Chávez, "la OEA es lo viejo, un espacio que fue manipulado, dominado por Estados Unidos", mientras que la Celac "nace con un espíritu nuevo, como un arma de integración política, económica y social".

Especialmente desafiante se mostró el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

"Necesitamos un nuevo sistema interamericano y aquí la Celac puede jugar un papel histórico y particularmente con un nuevo sistema de derechos humanos sin el sesgo norteamericano", dijo Correa.

"A mí como latinoamericano me rebela que los problemas latinoamericanos se vayan a discutir a Washington", sede de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistió.

Interrogado por la AFP, un portavoz del departamento de Estado estadounidense no mostró mayor preocupación, viendo a la Celac como un socio potencial en la región.

"Los grupos subregionales son potencialmente importantes representantes del hemisferio y pueden ser útiles socios para Estados Unidos", dijo el portavoz William Ostick

Por otra parte, las guerrillas colombianas FARC y ELN coincidieron en calificar como "trascendental" para la región la fundación de la Celac.

"He aquí el significativo sentido de la unidad latinoamericana y caribeña, emprender el camino hacia el nuevo mundo que nos vetaron siempre el viejo continente y el imperio norteamericano", señaló un comunicado firmado de las FARC.

Uno de los puntos todavía por definir por los miembros de la Celac es el mecanismo de toma de decisiones: los cancilleres regionales no lograron en una reunión el jueves un acuerdo sobre ese punto, parte de la "Declaración de Caracas", que será suscrita por los presidentes.

Más de 10.000 efectivos de las fuerzas del orden velan por la seguridad de la cumbre en Caracas, una de las ciudades más peligrosas de la región.

Las próximas cumbres de la Celac tendrán lugar en Chile (2012), Cuba (2013) y Costa Rica (2014).
El discurso de Cristina Fernández

La primera mandataria Cristina Fernández de Kirchner brindó un discurso en el que fue insistente acerca de la necesidad de crear mecanismos "concretos", "viables" y "factibles" para la integración entre países.

"Para hablar de integración deberíamos mirar los números", dijo. "Para que estas cumbres sean más ejecutivas y (se aborden) temas de mecanismos reales de integración, no se va a dar a partir de discursos", aseguró.

En esa línea, remarcó la conveniencia de observar el camino transitado por la institución de la Unión Europea, para "tomar lo bueno y no lo malo" de ese proceso de regionalismo, y aclaró que la integración no debe ser "contra nadie" sino "a favor de nosotros mismos". Según dijo, "tenemos una oportunidad única, tenemos que crear mecanismos que potencien esto, cumbres que no sean solamente hacer catarsis y luego no encuentren solución a los problemas".

Como en la mayoría de los encuentros internacionales, la Presidenta no dejó de mencionar la problemática de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas: "Quería agradecer el apoyo que brindaron los países a la causa de Argentina como es el tema de Malvinas, el último enclave colonial en el mundo", dijo, y encuadró al tema como un problema no sólo local, sino también regional y global: "Le pasa a Argentina, que tiene poder de veto y es estable. Es lo mismo que pasa en el mundo y es causa de los grandes problemas", concluyó.

Por último, se refirió al narcotráfico como un problema global, y a la particularidad de los Estados latinoamericanos y del Caribe en la dinámica del contrabando global de drogas ilegales. Según reclamó, países como México, Colombia y Argentina "se quedan con las muertes, y las drogas y el dinero se lo quedan otros". "Hay países consumidores [y que además] lavan el dinero producto de esos negocios".

Como ejemplo, mencionó: "En Argentina, en los últimos dos o tres grandes procedimientos que hicimos la cocaína era destinada a Europa". En este sentido, hizo un llamado a la "solidaridad" entre los países de la región latinoamericana y del Caribe para afrontar el problema. "En Argentina, en los últimos dos o tres grandes procedimientos que hicimos [contra el narcotráfico], la cocaína estaba destinada a Europa". "La región debería ser más solidaria y abordar [el problema] de esa forma frente a los países desarrollados", declaró.
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La "Europa alemana", una idea que avanza

Disciplina y severidad, estrictos controles supranacionales de los déficits y sanciones políticas y financieras. Todo en el marco de una unión presupuestaria europea."

Las promesas que hizo ayer Angela Merkel ante el Bundestag acentuaron el color alemán que empieza a tener el plan de Berlín para salvar al euro del colapso. Aunque esa idea de una "Europa alemana" produce miedo en millones de ciudadanos del continente, fascina a los mercados globales, que saludaron el discurso de la canciller con una jornada exultante en las bolsas.

Como lo repite desde hace tiempo, Merkel destacó ayer la importancia de reformar la unión monetaria europea para transformarla en una unión presupuestaria: es la única forma -según ella- de salir de la crisis de la deuda soberana. "Una batalla que tomará años", advirtió.

"No estamos hablando sólo de una unión presupuestaria, que prácticamente está realizada: se tratará de una unión presupuestaria con reglas estrictas, al menos por la eurozona", precisó. "Las reglas deben ser respetadas. Su violación debe ser pasible de consecuencias", agregó.

El elemento central de esa "unión de la estabilidad" -como la llama Merkel- será "un nuevo techo de endeudamiento". La canciller repitió una vez más su firme decisión de convencer a sus socios europeos de la necesidad de cambiar los tratados para establecer ese principio de más disciplina y severidad.

Merkel viajará el próximo viernes a la cumbre de Bruselas con ese objetivo. Pero, antes, pasado mañana, vendrá a París para preparar las propuestas junto con Nicolas Sarkozy.

Calificando de "bizarras" las numerosas acusaciones de que Berlín busca dominar a sus socios europeos, Merkel se declaró determinada a acabar con la crisis. "Europa está en medio de su mayor desafío -dijo-. Es mucho lo que arriesgamos. Precisamente para Alemania y los alemanes."

Es verdad que la primera economía del bloque obtuvo enormes beneficios de la introducción del euro. Merkel lo reconoció al asegurar que "la supervivencia del euro es inseparable del futuro de la Unión Europea".

El presidente francés también prometió "más disciplina, más solidaridad y un verdadero gobierno económico para Europa", en un discurso pronunciado anteayer. Sin embargo, así como los términos escogidos para sus respectivos discursos no fueron los mismos, Berlín y París están lejos de coincidir en todo.

Francia no es la única que trata de calmar los ardores alemanes. Sin ser parte del euro, Gran Bretaña está en contra de una modificación de los tratados europeos. Así lo afirmó ayer el primer ministro David Cameron en París, donde se reunió con Sarkozy.

Cameron está sometido a fuertes presiones del ala más euroescéptica del Partido Conservador, que reclama la repatriación de competencias en materia social y de regulación financiera.

Dentro del marco de severidad exigido por Alemania, Merkel quiere someter a los socios indisciplinados de la eurozona a dos instancias: la Corte Europea de Justicia establecería la automaticidad de sanciones políticas -como la suspensión del derecho a voto en el bloque-, mientras que la Comisión Europea controlaría los presupuestos nacionales antes de que éstos sean votados por sus respectivos parlamentos.

Sarkozy no quiere ni automatismos ni una Europa dirigida por Bruselas. No es el único que ve en ese método una pérdida de soberanía nacional.

Otro punto de serias fricciones entre ambos gobiernos es el papel que debería desempeñar el Banco Central Europeo (BCE) en la crisis.

Hasta hoy, Berlín se opuso vigorosamente a una mayor intervención de la institución, y Merkel ratificó ayer esa posición. "Está escrito en los tratados: el deber del BCE es asegurar la estabilidad monetaria" repitió entre los aplausos del Bundestag.

Pero la independencia de esa institución es "el bien supremo de nuestras democracias", agregó, al señalar que le resultaría imposible oponerse a una decisión tomada por el propio BCE.

Para Sarkozy, el banco emisor debería ser mucho más activo en la crisis. Hasta ahora, el BCE compró cantidades muy limitadas de deuda y sólo cada vez que algunos países -como Italia o España- se vieron en serias dificultades.

Mientras París manifestó con frecuencia su inclinación por la creación de eurobonos, comunes a los 17 países del euro, Merkel rechaza la idea.

Esta vez, sin embargo, su negativa estuvo acompañada de un bemol: "Eso, mientras los gobiernos nacionales sigan teniendo la capacidad de decidir sus propias necesidades de recapitalización". Una vez que haya sido alcanzada una auténtica unión fiscal, la idea podría ser reconsiderada, reconoció.

"Aquel que no comprendió que [los eurobonos] no pueden ser la solución de esta crisis, no ha comprendido nada sobre la naturaleza del problema", sentenció la canciller.

Prueba de que los proyectos de Merkel son exactamente lo que esperaban los inversores, los índices bursátiles vivieron su mejor semana en casi tres años. Wall Street cerró la semana con un alza de más del 7%, una cifra que no registraba desde marzo de 2009.

PRIORIDADES CONTRAPUESTAS

MÁS DISCIPLINA FISCAL
El gobierno alemán quiere una reforma de los tratados europeos que imponga la disciplina fiscal en toda la UE a cambio de una mayor solidaridad con sus socios. Además, pretende que la supervisión de esa disciplina fiscal y las eventuales sanciones a países incumplidores dependan de un supercomisario con poderes especiales en Bruselas.

NO A LA CESIÓN DE SOBERANÍA
El gobierno francés aboga por empezar solucionando primero los problemas de deuda a corto plazo con la compra de bonos por parte del BCE. En cuanto a la reforma de los tratados, no quiere ceder tanta soberanía a Bruselas como exige la canciller Angela Merkel a cambio de los nuevos mecanismos de solidaridad.

POR UNA DEUDA COMÚN
Las actuales instituciones europeas demandan más poder para imponer disciplina, pero opinan que la deuda debe ser común. Entre otras medidas, proponen un nuevo sistema de sanciones automático para los países incumplidores de las normas fiscales y que una parte de la deuda pública de la eurozona esté garantizada desde Europa.

TRES PUNTOS CRÍTICOS

* Comisión vs. gobierno: Francia defiende una unión "intergubernamental", en la que el Consejo de jefes de Estado tenga la última palabra; Alemania es más fiel a una integración "comunitaria".

* El BCE: es el principal punto de desacuerdo. Francia quiere que el BCE compre deuda de los países en dificultades, y Alemania, que sólo combata la inflación.

* Eurobonos: Alemania rechaza su creación; Francia aboga por defender desde ahora su principio como prueba de solidaridad.

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eeuu
Convertido en uno de los indicadores que más expectativa generan en este país, el índice de desempleo trajo, en primera instancia, una buena noticia al descender casi medio punto porcentual. De ese modo, se situó en el 8,6 por ciento, el nivel más bajo en los últimos treinta meses.

Sin embargo, la contracara del asunto es que parte de ese descenso se debe a que menos gente salió a buscar trabajo o, dicho de otra forma, que se redujo la masa laboral en Estados Unidos, desalentada por la situación del mercado laboral.

"La mitad de la disminución se produjo debido a que unas 315.000 personas abandonaron la búsqueda de empleo", señaló la estadística oficial. En aval de esa interpretación, la Casa Blanca evitó los triunfalismos y reaccionó con cautela. "El desempleo ha bajado, pero debemos perseverar en el esfuerzo", dijo el presidente, Barack Obama.

Tras reconocer en el sector privado al principal generador de puestos de trabajo, Obama intentó remar para su molino al urgir al Congreso a que avale sus medidas a favor de la dinamización de la economía. "No hacerlo sería un error", previno.

Alan Krueger, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, reaccionó con similar cautela. "Si bien la economía sigue recuperándose de la peor recesión desde la Gran Depresión, el ritmo de mejora no es suficiente ante las enormes pérdidas de empleo que trajo esta contracción", afirmó.

Entre otras medidas, el presidente pidió al Congreso la renovación de ayudas por desempleo y la prórroga de reducciones en los aportes de empleadores. Tropieza, sin embargo, con la resistencia republicana a avalar todo lo que implique aumento del gasto.

"Lo más importante de las cifras de ayer es corroborar que, una vez más, el sector privado está generando empleo. Eso significa que la economía se está moviendo en la dirección correcta. Espero que los republicanos entiendan el mensaje", dijo a LA NACION Daniella Gibbs, del Centro para el Progreso Americano y ex integrante del gobierno demócrata.

"Creo que lo mejor que pueden hacer los demócratas es no hacer triunfalismos ni usar estos números para su campaña. Si algo es penoso de las cifras de hoy [por ayer], es comprobar que las 315.000 personas que dejaron de buscar empleo perdieron lo que Obama más prometía: esperanza", atajó el analista republicano Douglas Heye.
Principal fracaso

En los casi tres años de gestión de Obama, el desempleo se consagró como el mayor fracaso de la gestión presidencial, algo que él mismo intentó corregir hace un año, al identificar la creación de trabajo como el principal objetivo de lo que queda de este mandato.

"Si uno mira el conjunto, lo que surge es que se perdieron más de ocho millones de empleos durante la recesión y que de ese total sólo dos millones han regresado", apuntó el republicano Bob Beauprez, ex representante por Colorado.

En otra señal de la tibieza de la recuperación económica, el informe mostró que el aumento del empleo se registró en sectores como la salud, la venta minorista y la hotelería, mientras que sectores como la construcción y la manufactura se encuentran atascados desde hace meses.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Algunas cuestiones en torno al informe «Urban Operations in the Year 2020» de la OTAN


Ejércitos en las calles

Con motivo de la pasada militarización del espacio aéreo y la declaración del estado de alarma por estas fechas aún vigente, cobra de nuevo protagonismo el ejército en la vida civil. Esta vez no por la Insumisión, sino por la militarización.

Ya previamente, en febrero de 2010 se publicó un real decreto (REAL DECRETO 194/2010, DE 26 DE FEBRERO) que a nivel legislativo abre el camino en el Estado español para la militarización del territorio. Este decreto es muy preocupante por la elevación a rango de autoridad civil de los militares, que en cualquier situación comprometida podría salir a la calle a patrullar, como ya está ocurriendo en Italia.

La situación que se ha creado con la crisis de los controladores podría considearse como una avanzadilla. Se ha conseguido hacer, después de una maniobra propagandística del gobierno y los medios a coro, con el aplauso de gran parte de la población.

Todos estos hechos que han venido produciéndose traen de nuevo a la palestra este librito publicado por Bardo Ediciones:

Para los que se obstinan en pensar que el razonamiento aquí detallado concierne solamente al limes del imperio, y no a su centro orgánico, para los que quieren de todos modos proyectar la escena del conflicto en otro lugar cualquiera con tal de que no sea aquí, en fin, para los que todavía continúan sintiéndose “en paz” con lo existente (o sea, con una existencia de paz), en el informe se simula una intervención de la OTAN en un teatro de operaciones en el cual las “ciudades de interés estratégico” no son ni Teherán (Irán), ni Pyongyang (Corea del Norte), ni –como hipótesis extrema– Pekín (China), sino que son las ciudades francesas de Rouen, Le Havre, Evreux y Dieppe.

El control preventivo y la represión de sublevaciones o insurrecciones eventuales se volverán cada vez más prerrogativas del ejército, el cual tendrá que efectuar, por tanto, verdaderas funciones de policía territorial, mientras ésta se “paramilitariza”. Además de controlar el territorio, el ejército tendrá que llevar a cabo actividades de gestión de la población civil: gestión física (refugiados, evacuados, etc.) y gestión psicológica (control y monopolio de las informaciones, relaciones con las autoridades locales, pero también con todas las realidades asociativas dispuestas a colaborar).

En esta perspectiva será necesario dotar a las fuerzas armadas de una adecuada preparación para conflictos urbanos, para evitar la histórica “incoercibilidad” de las “fuerzas rebeldes” en la guerra asimétrica. Al mismo tiempo, será preciso acostumbrar a la gente a ver a los militares patrullando las ciudades, para que nadie, por más avezado y/o aterrorizado que esté, se arriesgue a mover un dedo (ni siquiera el del medio).

Estamos dirigiéndonos hacia un “Estado militarizado”. Tanto las tropas asignadas a Pianura (Nápoles) como las que están en Via Padova (Milán) nos recuerdan que, de hecho, el año 2020 no está tan lejos.


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Editorial: Bardo Ediciones

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